Fotografía: Bárbara D. Alarcón
En Castilla-La Mancha, los precios de la vivienda, tanto nueva como de segunda mano, siempre se han caracterizado por ser los más bajos del país, debido sobre todo a su dispersión geográfica, el envejecimiento de su población y la baja densidad. Pero durante este año está experimentando un cambio a este respecto. Según el último informe de la Sociedad de Tasación, esta comunidad autónoma lidera actualmente el crecimiento de estos precios entre las autonomías del interior del país, por encima de Aragón, Comunidad de Madrid, Extremadura, La Rioja o Castilla y León. Otro dato destacado es que Toledo, con 962 euros el metro cuadrado, es de las provincias de interior donde más ha subido este precio.
La nueva edición del Estudio de Mercado de la Vivienda en el Interior de España incluye también la evolución de diferentes indicadores propios como el Índice de Confianza Inmobiliario y el Índice de Esfuerzo Inmobiliario durante el tercer trimestre. Con todo ello, concluye que el precio de la vivienda nueva y usada experimenta “ligeras variaciones” en las autonomías del interior al tiempo que el sector inmobiliario “recupera el optimismo de forma generalizada en estos territorios”.
En cuanto a los datos, Castilla-La Mancha lidera el incremento del precio con un aumento del 0,6%. El resto de las comunidades registran un incremento semestral del 0,4%, a excepción de Castilla y León (0,3%). A nivel nacional, el precio medio de la vivienda presenta un ligero crecimiento semestral del 0,4%.
Por otro lado, Aragón, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid encadenan cuatro trimestres consecutivos de mejora en su nivel de Confianza Inmobiliaria hasta los 51,7 puntos sobre 100, los 48,4 puntos y 52,6 puntos, respectivamente. Castilla y León y La Rioja mantienen una tendencia al alza desde hace tres trimestres y han alcanzado los 47,2 puntos y 50, respectivamente. En Extremadura, por su parte, este indicador lleva dos trimestres seguidos de mejora hasta los 49,3 puntos.
Provincias
Más concretamente, por provincias, el precio de la vivienda ha descendido en Guadalajara y en Ciudad Real un 1,3% y un 1,1%, respectivamente. En menor medida, también se ha producido una disminución en Albacete (un 0,6% menos) y en Cuenca (un 0,1% menos). Por el contrario, en Toledo ha aumentado un 0,6%, convirtiéndose en la provincia con mayor descenso.
Con respecto al Índice de Confianza Inmobiliario, este indicador acumula cuatro trimestres seguidos de tendencia al alza en Castilla-La Mancha hasta los 48,4 puntos sobre 100 del tercer trimestre de 2021. Pese a la evolución positiva, todavía se sitúa por debajo de la barrera de los 50 puntos, que marca el nivel de equilibrio. De hecho, esta región tiene la segunda cifra más baja del interior y también se sitúa por debajo de la media nacional: 51,2 puntos. Durante el último trimestre ha mejorado 3 puntos y durante el último año 9,8 puntos.
Por su parte, el Esfuerzo Inmobiliario en Castilla-La Mancha se sitúa en 5,4 años. Es decir, los castellanomanchegos necesitan 5,4 años de salario íntegro para adquirir una vivienda, una décima más que el trimestre anterior y tres décimas más que hace un año. Este dato se sitúa por debajo de la media nacional (7,7 años).
Se da la circunstancia de que recientemente la Inmobiliaria Aliseda puso a la venta más de 1.000 pisos y casas nuevas procedentes de bancos, repartidos en 211 promociones de obra nueva situadas por toda España. En esa lista, el precio más barato aparecía en la localidad de Calera y Chozas (Toledo), un piso nuevo de dos dormitorios por solo 23.610 euros. En esta misma promoción aparece por ejemplo otro inmueble en Brihuega (Guadalajara) desde 42.200 euros con hasta tres habitaciones.
Ley estatal de Vivienda
Mientras, el Gobierno ya ha dado luz verde al Anteproyecto de ley estatal por el derecho a la vivienda, una de las medidas clave del Ejecutivo de coalición y que ha conllevado meses de negociaciones. Define la vivienda "no como un bien de mercado, sino consagrado como un derecho que le otorga la Constitución".
Dos de las claves esenciales de la ley están vinculadas a la creación de zonas tensionadas, donde se pretende que bajen los precios del alquiler, y la figura de los grandes tenedores de vivienda. En cuanto a qué son las zonas tensionadas, se definen como aquellas donde hay "un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población, en condiciones que la hagan asequible para su acceso en el mercado" y serán las Comunidades Autónomas las que soliciten su declaración, que puede durar tres años, prorrogables.
Para ser zona tensionada se tienen que cumplir dos condiciones, que el coste de la hipoteca o el alquiler supere el 30% de los ingresos medios de los hogares de esa zona; y que el precio de las viviendas haya aumentado más de un 5%, respecto al IPC de esa Comunidad. Será en esas zonas tensionadas donde se apliquen condiciones especiales a los grandes tenedores de viviendas. En concreto, a aquellas personas jurídicas que tengan más de 10 viviendas en alquiler o más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial.
Precisamente, la ley también persigue elevar la oferta de vivienda social, a precios asequibles. Para ello, habrá que reservar un 30% de las nuevas promociones para vivienda protegida (y de ellas, un 50% de alquiler), a cambio de compensar a los promotores, por ejemplo, con suelo. Un porcentaje que se puede rebajar. Igualmente, el texto aprobado hoy en el Consejo de Ministros y que inicia una tramitación parlamentaria que puede durar un año, permite a los ayuntamientos aplicar un recargo del IBI a las viviendas vacías.
