El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJMC) ha instado al Ayuntamiento de Toledo a revisar la liquidación llevada a cabo con el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) desde el año 2008 al 2011 (ambos incluidos) tras una de las reclamaciones presentadas por el cobro establecido en función del tipo de suelo que se ocupaba en la ciudad.
En la sentencia, que ha dado a conocer el portavoz del grupo municipal del PP, Jesús Labrador, en una rueda de prensa, se apunta que el Consistorio rechazó en el año 2012 revisar el cobro que se había realizado a los afectados por esta situación y que conllevó a su denuncia. No obstante, el Ayuntamiento tiene la posibilidad de recurrir esta decisión judicial ante el Tribunal Supremo (TS).
"El TSJCM dice que las inadmisiones firmadas por el Ayuntamiento frente a aquellas personas que solicitan la revisión del IBI por la nulidad del Plan de Ordenación Municipal (POM) de 2007 se deben estudiar", ha explicado el portavoz 'popular', que ha manifestado que se trata de "otra sentencia que demuestra la falta de verdad del equipo de Gobierno cuando decía que no iba a influir en nada la nulidad del POM".
En este sentido, advierte que aunque desconoce la cuantía que supondría para los afectados esta sentencia, entre "unos supuestos y otros se puede estar hablando por encima de los 14 millones de euros" como compensación a lo que el Ayuntamiento de Toledo ha cobrado por el IBI a los usuarios por tener propiedades en un tipo de suelo que, tras la nulidad del POM del 2007 y el regreso al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986, cambia su consideración y por lo tanto el impuesto que se puede cobrar por su ocupación.
"Tras la anulación del POM, lo que piden es que se revise por parte de la administración el cobro que han hecho y que se cobre con las características de los terrenos anterior al POM. El Ayuntamiento rechazo esa solicitud -en el año 2012- y el TSJCM ha dicho que los afectados llevan razón y que se proceda a estudiar de oficio la posibilidad de ingresos indebidos por la liquidación de estos impuestos", ha explicado Labrador.
En este sentido, el representante municipal del PP ha señalado que existe "un riesgo real de que lo que se haya reclamado desde el principio" tenga que devolverse. No obstante, precisa que la caducidad de estas acciones fiscales es de 4 años, por lo que las reclamaciones presentadas después del 2011 podrían no tener la misma consideración judicial.
Actitud "hipócrita" con los Presupuestos Generales del Estado
Por otra parte, Labrador ha criticado al PSOE de Toledo por, a su juicio, "la actitud hipócrita" que mantienen respecto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados en el Congreso de los Diputados antes del cambio de Gobierno en España. En este sentido, ha señalado que el grupo socialista ha retirado del Senado diversas enmiendas que afectan a la ciudad de Toledo tras la aprobación de la moción de censura y el nombramiento de Pedro Sánchez como nuevo presidente.
Así, afirma que no va a enmendar partidas como una de un millón de euros para el Instituto de Medicina Legal, otra de de 800.000 euros para estudiar el tramo de la carretera Toledo-Ocaña, otra de 1,5 millones de euros para incrementar el presupuesto del Consorcio de Toledo, una de un millón de euros para el nuevo cuartel de Toledo, 300.000 euros para la ampliación de la sala Mudejar del Archivos Histórico Provincial, 500.000 euros para el plan director del Museo de Santa Cruz u otra de 500.000 euros para la ampliación de depuradoras de aguas residuales del Polígono y para la depuración de vertidos y la mejora de la estación depuradora de la capital regional.
"En un día pasan de pedirlo a retirarlo según el resultado de la moción. ¿No eran necesarias esas peticiones?", se ha cuestionado Labrador, que ha manifestado que el PSOE "tendría que explicar a los ciudadanos por qué cuando se llega al Gobierno ya no se piden estas cosas".
El superávit, para retirar el amianto
Además, el portavoz del PP ha apuntado, sobre el anuncio del Gobierno municipal de que va a destinar 10,5 millones de euros del superávit de 2017 y 2018 a inversiones financieramente sostenibles, que esto "confirma que los impuestos son excesivos". "Se recauda mucho más de lo necesario para cubrir los servicios que se prestan, era necesario y sigue siéndolo bajar los impuestos a los toledanos".
"Vamos a ver qué se hace con ese superávit. El año pasado se malgastó en lomos de asnos -reductores de velocidad o badenes-, parches arriba y abajo, obras en Zocodove que se cambian y se vuelven a cambiar... Exijo que dediquen parte del superávit a la protección y mejora del medio ambiente: la retirada del amianto del Polígono. ¿Por qué no lo quieren hacer si es una necesaria y un problema sanitario?", ha manifestado Labrador.