El Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha comenzado a preparar el proyecto de decreto por el cual se desarrollará una de sus leyes ‘estrella’ de la legislatura. La norma de protección y apoyo garantizado para personas con discapacidad se aprobó por unanimidad en mayo de 2018 y ahora el Ejecutivo inicia la consulta previa sobre el texto normativo que se encargará de concretar algunas de las medidas incluidas. Entre ellas se encuentra la elaboración del “plan personal de futuro” que busca que se cumplan los deseos de todas aquellas personas con diversidad funcional cuyos padres, madres o tutores hayan fallecido.
Para el desarrollo de esta ley, la Junta se basa en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida y que para ello se adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar el acceso a los apoyos que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Con ello se cambia el modelo de sustitución en la toma de decisiones de la persona con discapacidad (que es el que configura el Código Civil actual por medio de los procesos judiciales de modificación de la capacidad de obrar) por un modelo de apoyo o complemento para que la misma pueda adoptar sus propias decisiones.
La ley castellano-manchega que se aprobó el año pasado establece que en el plazo de nueve meses contando a partir del día siguiente al de la entrada en vigor, se debe proceder a la aprobación de los reglamentos de desarrollo de materias como el diseño del modelo del plan personal de futuro, la organización y funcionamiento de las unidades de orientación y apoyo, la composición de la oficina regional de apoyo, los perfiles profesionales de los agentes de mediación, y el funcionamiento del registro de planes personales de futuro.
Un sistema de planificación de apoyos
Ahora, la Junta considera que la aprobación de este decreto es necesaria para poner en marcha el sistema de planificación de apoyos destinado a aquellas personas con discapacidad que tengan limitada su autonomía personal para la toma de decisiones. El objetivo es que, con el apoyo de su familia o representante legal, puedan manifestar sus preferencias sobre la atención integral, igualdad de oportunidades y la participación activa en el entorno comunitario cuando sus apoyos familiares falten.
Estos planes personales de futuro se aprueban en la ley como “declaraciones de voluntad” de las personas con discapacidad y sus familias para garantizar que serán tenidos en cuenta en la medida de lo posible por los profesionales que elaboren el grupo de apoyo. Además, se establece una importante garantía adicional de apoyo de carácter residencial en el supuesto de carencia de apoyos familiares.
Entre otras cuestiones, estaos planes incluyen sus opciones de salud, legales y económicas, que también podrán ser incorporadas a esta “declaración de voluntad”, y todas ellas deberán ser tenidas en cuenta por los profesionales que vayan a participar en la atención cuando falten sus padres y tutores.
