El juzgado de instrucción número 1 de Ocaña (Toledo) ha abierto diligencias previas contra la alcaldesa de esta localidad, Remedios Gordo, así como contra la secretaria municipal por un caso de presunta prevaricación administrativa tras la denuncia interpuesta por varios propietarios de terrenos en la  Unidad de Ejecución (UE) número 4 del municipio.

Estos propietarios denuncian que el Ayuntamiento les impide construir en unos terrenos que consideran suelo urbano consolidado de uso industrial desde el año 2000, al tener edificadas dos terceras partes de su extensión. El Consistorio les denegó la  solicitud y poco después también les impedía el acceso a las fincas, según mantiene su abogado, Ataúlfo López-Mingo.

Vista aérea de los terrenos

El letrado habla de las “desigualdades” generadas por  la Alcaldía “dependiendo de quién ostente la propiedad de los terrenos en esta localidad”. Recuerda que el Ministerio de Fomento construyó allí instalaciones relacionadas con el mantenimiento de carreteras, que otra empresa edificó 40.000 m2 de naves industriales y una tercera posee una nave de almacenaje. “Todo está edificado sin problemas  hasta que llega alguien con ganas de coger dinero ¿para el pueblo? No lo sé…”, sostiene el abogado. Defiende el “derecho” de los propietarios a “no ser vilipendiados por el poder político y funcionarial. Si la alcaldesa de atrevió fue porque se sentó con la secretaria municipal que también dirige el departamento jurídico del Ayuntamiento”.

“Lo que hay que hacer es edificar como se les permitió a otros”

Fue en julio de 2015 cuando estos propietarios plantearon al Consistorio una propuesta para la liquidación de las cargas y de los derechos urbanísticos adquiridos sobre los terrenos, según explica el abogado. “Lo que resolvió la Alcaldía es comunicar su intención de promover un Programa de Actuación Urbanizadora (PAU) en la zona.”  Un proceso contra el que presentaron recursos que, dice, no obtuvieron respuesta.  “El Ayuntamiento en vez de resolver les cierra el acceso a las fincas si abrir ningún tipo de expediente administrativo”, lamenta el abogado.

 El siguiente paso fue presentar un escrito pidiendo la revocación de la decisión. Una revocación que no se produjo, lo que les llevó denunciar por la vía del contencioso-administrativo. “Reparcelar ahora es físicamente imposible según la idea de la alcaldesa de promover un PAU. Lo que hay que hacer es edificar como ya se permitió hacer a los propietarios de las otras naves industriales”, asegura López-Mingo.

Los argumentos ‘técnicos’

Un informe pericial, presentado por los propietarios en el marco del contencioso, recuerda que entre los años 1994 y 1997 se tramitó un expediente municipal por el que el suelo en la zona pasó de ser urbanizable industrial a urbano no consolidado de uso industrial. Se permitió construir a varias empresas y después el Ayuntamiento abrió una calle (Santa María de la Cabeza) que ocupó parcialmente las fincas de los denunciantes.

Después y tras el intercambio de recursos y escritos, el Ayuntamiento bloqueó el acceso “con barreras rígidas de hormigón más una señalización de tráfico que prohíbe el paso desde el día 18 de noviembre de 2015”, señala el mismo informe.  Por eso, añade, “la ocupación parcial se ha transformado en ocupación total, sin que ello reporte beneficio alguno a los intereses generales de la población, tratándose de una acción que provoca daño por privación del ejercicio del derecho de propiedad”.

El  perito también explica que "el suelo consolidado no precisa ser desarrollado ni con Programas de Actuación Urbanizadora, ni con Planes Parciales, ni ser sometido a reparcelación (ni física ni económica). Está exento de las cesiones para dotaciones públicas así como las relativas al aprovechamiento lucrativo, referidas a la participación del Ayuntamiento en las plusvalías que en teoría genera el urbanismo".

En la actualidad, los propietarios se mantienen a la espera de que el Ministerio Fiscal reciba el expediente administrativo que justifique su decisión de clausurar el derecho de entrada y que ha sido solicitado al Ayuntamiento.

Vista desde la calle Santa María de la Cabeza, según consta en el informe pericial

Sobre todo el proceso, el abogado  tiene su opinión. “Lo grave es que en España haya todavía alcaldes que campen por sus respetos. Tienen que ser sancionados para que no puedan volver a ejercer como poder público durante 9 años”, concluye.

Un informe de la  Junta da la razón al Ayuntamiento, según la alcaldesa

La alcaldesa de Ocaña asegura tener “la conciencia tranquila” y “los técnicos municipales también” después de recibir, el pasado 27 de mayo, comunicación del juzgado sobre la causa en la que se requiere al Consistorio documentación administrativa que ya ha sido remitida, confirma Remedios Gordo. “Recibí denuncia de tres de los doce propietarios”.

Recuerda que estos propietarios, antes de que ella llegara a la Alcaldía en 2011, llegaron a un acuerdo con el anterior alcalde, el también ‘popular’ José Carlos Martínez Osteso (conocido por haber sido condenado por prevaricación a principios de 2015, junto con otros cuatro concejales, entre ellos, el propio teniente de alcalde de Remedios Gordo, Tomás Vindel). Un acuerdo por el que permitían el paso de vehículos por su propiedad.

Siendo ya Remedios Gordo alcaldesa, firmó con  los propietarios un convenio que documenta ese permiso de paso pero  “de repente aparece este abogado y tres de los 12 propietarios dan por finalizado el convenio”. La alcaldesa reconoce que el acceso está cortado pero solo a vehículos de gran tonelaje porque “se dejan más de cuatro metros de paso”.

“Hay quien quiere subirse al carro” de otros tiempos urbanísticos

“Me permito dudar que estos vecinos conozcan en todos los términos la presunta prevaricación que me adjudican”, asegura, porque “no vamos a hacer nada arbitrario que sea contrario a derecho. Lo tengo muy claro”. En opinión, en “en estas situaciones hay gente que no estará conforme o que quiera subirse al carro porque en un momento dado de la historia del Ayuntamiento se hayan dado licencias o se haya dejado construir de aquella manera”.

Remedios Gordo mantiene que un Informe de la Consejería de Fomento “corrobora íntegramente” que el terreno no tiene condición de urbano consolidado y, por lo tanto, está sujeto a una Programa de Actuación Urbanizadora (PAU). Este informe junto con el convenio suscrito con los propietarios se ha remitido al juzgado

“Si no es con un PAU, no puedo consolidar ese terreno como pretende este abogado, que, por cierto, tiene intereses porque es familiar de alguno de los representados y tiene parte de suelo. Él quiere construir de esa manera”. Asegura ser una persona “rígida y seria” con los asuntos urbanísticos. “No paso por alto temas que antes se hacían de otra manera. Entiendo que pueda molestar a ciertas personas que tenían una forma de actuar distinta”.