El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando / JCCM
El Gobierno central y el Ejecutivo de Castilla-La Mancha han abierto negociaciones para resolver las discrepancias relativas a la Ley regional para una Sociedad Libre de Violencia de Género aprobada por unanimidad el pasado año en las Cortes regionales tras el recurso del Ejecutivo de Pedro Sánchez planteado ante el Tribunal Constitucional.
Una resolución de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos publicada este miércoles en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) da a conocer un acuerdo entre ambas instituciones para crear la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la negociación de la citada norma.
El acuerdo indica que se han aprobado iniciar negociaciones para resolver las discrepancias suscitadas en relación el artículo 4, que recoge las manifestaciones de la violencia de género y, en concreto, la discrepancia se centra en el apartado i) que hace referencia al acoso sexual o por razón de sexo en el ámbito laboral. También existe discrepancia en lo relativo al artículo 34 que está relacionado con la prohibición para obtener ayudas públicas por prácticas laborales discriminatorias.
La resolución apunta la idea de designar un grupo de trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación la solución que proceda. Por otro lado, se comunicará el acuerdo al Tribunal Constitucional y su inserción tanto en el Boletín Oficial del Estado como en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Desarrollar el Convenio de Estambul en España para "evitar dudas competenciales"
El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha restado importancia a las ‘pegas’ por parte del Gobierno de Pedro Sánchez cuando ha sido preguntado si la negociación no fue posible antes de que el Ejecutivo central llegase a plantear un recurso ante el Constitucional. El acuerdo, ha asegurado, es precisamente para evitar los tribunales, aunque el recurso ya está planteado en sede judicial.
“Son cuatro comas lo que quieren cambiar” y lo ha calificado de “irrelevante” aunque, matizaba, “políticamente difícil de entender” porque, sostiene es “ley más avanzada de Europa”.
Hernando ha remarcado que el desarrollo de esta normativa “está dentro de las competencias” del Gobierno de Castilla-La Mancha y ha afeado al Gobierno central y al Congreso de los Diputados que no hayan desarrollado el Convenio de Estambul suscrito por España. “Nosotros sí lo hemos hecho y la manera más fácil de evitar dudas competenciales es que lo haga el Congreso o el Gobierno central. Ojalá no tuviéramos que reforzar nuestra ley”.
También ha advertido que los recursos planteados por el Gobierno central “no tienen por qué llevar razón” y, en este sentido, ha aludido a lo que ya ocurrió con la Ley castellano-manchega ‘antifracking’. “Me parece un obstáculo que tengamos que estar viendo aspectos mínimos de una ley en la que todos estamos de acuerdo” y ha lamentado que “lo técnico estropee la labor política de mejorar la sociedad”.
