Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Si tuviéramos que resumir en una sola frase el escenario que presenta España en materia de agua, diríamos que España cuenta un rico patrimonio hidráulico y una gran diversidad de ecosistemas acuáticos y, sin embargo, convive con escasez e importantes retos pendientes en gestión del agua.
Una gestión que debe abordarse con amplitud de miras y mediante una planificación hidrológica inteligente si aspira a ser eficiente, ambientalmente sostenible y socialmente justa. Y uno de los aspectos más sensibles que no podemos obviar es el trasvase Tajo-Segura.
Un asunto cuya respuesta requiere distintas líneas de acción que pongan en el centro a las personas, el medio ambiente y el uso sostenible del agua.
En diciembre de 2020 se dio el primer paso en ese sentido con la aprobación de un Real Decreto que otorgaba una subvención de 40 millones de euros a la Comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para el desarrollo de actuaciones de abastecimiento, saneamiento, depuración y adecuación de cauces en los municipios colindantes de los embalses de Entrepeñas y Buendía. Ayuntamientos que conforman el sistema de cabecera del trasvase Tajo-Segura, y que durante años se sintieron abandonados por no contar con las infraestructuras necesarias para aprovechar el agua.
Con esta apuesta, activamos nuestra hoja de ruta para la explotación sostenible del ATS (Acueducto Tajo-Segura), con un objetivo único: encauzar problemas enquistados durante años.
Se pretende, por un lado, mantener un régimen adecuado de caudales ecológicos en el Tajo, y mayores volúmenes de agua en los embalses de cabecera del trasvase. A ello contribuirá la modificación de las Reglas de Explotación del ATS, que tiene por objeto incrementar los volúmenes almacenados en los embalses de Entrepeñas y Buendia, al tiempo que se reducen los volúmenes mensuales que se envían a las cuencas receptoras cuando el sistema se encuentra en situación de normalidad.
Gracias a estas nuevas reglas, el sistema de la cabecera del Tajo evitará encontrarse tan a menudo en situación hidrológica excepcional.
El paso más importante lo daremos con la aprobación del tercer ciclo de planificación hidrológica, prevista para abril de 2022. Una apuesta enormemente ambiciosa que requerirá cambios de gran complejidad técnica, así como una revisión de las normas de explotación. La nueva planificación hidrológica dará paso a una nueva realidad, que ha de traducirse en un equilibrio ecológico que el Tajo largamente ha demandado.
Será imprescindible también incrementar los recursos alternativos en las cuencas receptoras del trasvase, especialmente en la cuenca del Segura, para facilitar el desarrollo económico, social y ambiental de la zona. Esto supone aumentar los recursos procedentes de la desalación y de la reutilización. La desaladora de Torrevieja es un ejemplo. En poco tiempo ha duplicado su capacidad y esperamos poder triplicarla en los próximos meses.
El incremento de las capacidades de desalación y reutilización, así como la conexión de estas aportaciones con las áreas de consumo, debe hacerse en paralelo a la incorporación de energía renovable -en especial- fotovoltaica para facilitar una reducción del coste de la energía y, en definitiva, del precio del agua.
Todo con la vista puesta en optimizar la gestión de los recursos generados, a fin de que se puedan distribuir en las zonas regables independientemente de su procedencia. Sin duda, el agua desalada y el agua reciclada son un bien estratégico para España.
Estos instrumentos permitirán una gestión integral de un recurso valioso, anticipar los riesgos a medio y largo plazo, impulsar la actividad económica y ayudar a fijar población en ciudades de interior y en zonas rurales.
Proteger el medio ambiente y en especial el agua como recurso clave para la vida es proteger, en última instancia, nuestro sistema de bienestar, la cohesión territorial y social y el desarrollo sostenible. Un trinomio sin el cual no es posible el progreso.
Artículo de opinión de Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico
