Emiliano García-Page dijo durante su discurso de investidura que su gobierno seguiría avanzando en el proyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha pero que primero quiere ver “qué hace el Estado” respecto a este tipo de medida. De esta manera se refería a la propuesta normativa que elaboró Podemos estando en Ejecutivo regional y que incluye una renta garantizada o renta mínima, asociada al vigente Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) pero con nuevos tramos, plazos más amplios y mayor importe. El Consejo de Gobierno le dio el visto bueno y está pendiente de tramitación en las Cortes regionales, algo que en su momento se paralizó porque la Junta alegró que había diferencias entre los dos diputados de la formación morada.

Podemos ya no tiene representación ni en el Parlamento castellano-manchego ni en el Ejecutivo de García-Page, pero la ley mantiene su luz verde. Al referirse a esta cuestión, el presidente castellano-manchego mantuvo su compromiso de seguir “avanzando” en el proyecto de ley. Pero lo condicionó a la política estatal, es decir, a si el Gobierno central aprobaba una legislación similar. Añadió que no estaba dispuesto a plantear que “los ciudadanos de esta tierra se rasquen el bolsillo antes que catalanes o vascos”.

No obstante, Catalunya y País Vasco son dos de las comunidades autónomas españolas que ya han aprobado en sus consejos autonómicos la puesta en marcha de rentas mínimas con diferentes modalidades. La Generalitat aprobó la denominada Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) en julio de 2017, que dispone un máximo de 645 euros mensuales en base a varios requisitos y que es ampliable en función de la unidad familiar. Por su parte, el Gobierno vasco dispone de la Renta de Garantía de Ingresos, la más antigua de España, con casi dos décadas de vigencia.

En Navarra existe la Renta Garantizada de Inclusión Social, una prestación complementaria y subsidiaria de cualquier otro tipo de recursos, que también aumenta en función del número de miembros de la unidad familiar. Baleares cuenta con un mecanismo similar, en este caso denominado Renta Mínima de Inserción (RMI) destinada a garantizar ingresos mínimos, por un lado, y a vincular su percepción a la inserción laboral, por otro.

Otras comunidades autónomas

La fórmula es algo más compleja en el caso de la Comunitat Valenciana. La Renta Valenciana de Inclusió (RVI) es la sustituta de la antes conocida como Renta Garantizada de Ciudadanía, y aunque los requisitos se establecen de la misma manera, está destinada tanto a cubrir las necesidades mínimas como a favorecer la inclusión socio-laboral.

En Cantabria, la ley de Renta Básica se aprobó en 2007 y en la anterior legislatura se estaba tramitando una nueva norma para hacer frente a "nuevas desigualdades y nuevos perfiles de pobreza" surgidos en los últimos años. Salió a información pública pero finalmente no llegó al Parlamento a tiempo para su aprobación.

Andalucía, por su parte, tiene vigente la Renta Mínima de Inserción, que ha sido continuo objeto de debate tanto en el Gobierno socialista anterior como en el actual pactado entre PP, Ciudadanos y Vox. Se trata de una ayuda económica a personas que no tienen ningún ingreso o perciben uno que no llega al salario mínimo interprofesional. El objetivo, también en este caso, es conseguir la inserción social y laboral. La fórmula es similar a la extremeña: una Renta Básica de Inserción igual al 75% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM).

Otras modalidades

Y en La Rioja se aprobó en 2017 el Ingreso Mínimo de Inserción (IMI), una prestación periódica de carácter económico destinada a personas que necesitan una intervención social para su inserción socio-laboral, y carecen de los medios económicos precisos para atender las necesidades básicas de la unidad de convivencia en la que se integran. También en Castilla y León existe un sistema de renta garantizada con mecanismos similares.

Otras regiones, o mantienen fórmulas diferentes de garantía de ingresos o no han aprobado rentas mínimas reconocidas como derecho subjetivo. De hecho, en Castilla-La Mancha existe el actual Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) que ha aumentado su importe y plazos de prestación en los últimos años, y además también se aprueban regularmente las Ayudas de Emergencia Social. Pero no hay como tal un sistema de rentas mínimas que sí recogería el proyecto de ley pendiente de tramitar.

Propuesta de la AIReF

A nivel estatal, recientemente la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) realizó un informe a petición del Ejecutivo de Pedro Sánchez en el que establece que con una renta mínima con un coste fiscal de solo 3.500 millones de euros se podría reducir en un 60,4% la pobreza severa en España beneficiando con esta medida a 1,8 millones de hogares. La propuesta viene a modificar el planteamiento de renta mínima que los sindicatos CCOO y UGT llevaron al Congreso mediante una Iniciativa Legislativa Popular y propone una serie de modificaciones para "aumentar la eficacia de la prestación, mejorar su diseño institucional y asegurar la eficiencia y coherencia de la prestación con la situación fiscal de España".

La creación de una renta básica o mínima a nivel estatal es una petición que vienen solicitando desde hace años organizaciones sociales como la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) para poder “armonizar” las que se han ido aprobando en las comunidades autónomas. Este colectivo ha avalado las iniciativas autonómicas al respecto -en Castilla-La Mancha ha participado en el proyecto de ley- pero siempre ha considerado que una legislación estatal serviría para sentar las bases de un modelo de igualdad.