Una de las viviendas de la calle Portugal en el Señorío de Illescas / Google

Desde el mes de septiembre del pasado año, decenas de vecinos de El Señorío de Illescas que residen en régimen de alquiler en viviendas de protección oficial -en suelo privado- comenzaron a recibir notificaciones en las que se les informaba del cambio de propiedad de estos inmuebles tras ser adquiridas por el fondo de inversión Global Pantelaria. A algunos de ellos se les alertaba de que tendrían que abandonar las mismas al terminarse su contrato de alquiler, aunque posteriormente Haya Real Estate -la gestora inmobiliaria que comenzó a administrar los inmuebles- subrayó que se trataba de un error y que su intención era estudiar cada caso particular para ofrecer también la posibilidad de renovar sus contratos.

La situación, que en un principio podría llegar a afectar a alrededor de 220 familias, propició una serie de reuniones entre la Junta de Comunidades, el alcalde del municipio, José Manuel Tofiño-, y representantes de la propiedad, así como la puesta en marcha de la Plataforma de Afectados por desalojos en VPO del Señorio de Illescas. No obstante, más de medio año después muchos vecinos siguen en la lucha con la incertidumbre de saber si podrán continuar en sus hogares con las condiciones que mantenían hasta ahora en estas viviendas.

Así lo traslada Ángel Luis Rodríguez, que vive junto a su pareja en una de estos inmuebles y que lamenta que la nueva propiedad del inmueble ha considerado "de manera unilateral incrementar los precios de alquiler estipulados por la Junta con impuestos y servicios" que no les correspondería de pagar como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o unos gastos de comunidad muy elevados para los servicios que tienen en estas viviendas.

Rodríguez señala a este medio que el precio de alquiler de estas viviendas ronda actualmente los 320 y los 400 euros mensuales y que Global Pantelaria exige unas cantidades para renovar los contratos de los inquilinos de hasta 550 y 600 euros. Este vecino lamenta que, cómo él, decenas de inquilinos llevan meses intentando negociar con la propiedad un nuevo contrato para poder seguir viviendo en sus hogares y que esta no les hace "ni puñetero caso". Asimismo, indica que desde la administración "ha habido muy buenas palabras pero tampoco han dado solución" a este conflicto.

Creen que se podría estar cometiendo "un fraude de ley"

Ante las diferencias entre las más de 200 familias que se estaban viendo afectadas por el cambio de propiedad para afrontar situación, 30 de ellas han optado por recurrir a los servicios de un despacho de abogados -Justitia Illescas- que, en declaraciones a este medio, apunta que con las condiciones que intenta imponer la actual propietaria podría darse "un fraude de ley" al no respetar las condiciones sujetas a estas viviendas de protección oficial.

La desidia de la situación, explican tanto el vecino como fuentes del despacho de abogados, ha hecho que varias familias hayan abandonado ya estas viviendas y que otras incluso hayan firmado nuevos contratos por los precios mencionados anteriormente. Mientras, cinco inquilinos han recibido en la primera semana que se decretó el estado de alarma "una carta en la que se dice que tienen irse de sus casas", según expuso también el concejal de Unidas por Illescas, Andrés García, en el último pleno municipal celebrado este pasado jueves, 30 de abril, en el que requirió al equipo de Gobierno local información sobre la evolución de esta situación.

El edil apuntaba también en este pleno que la gestora inmobiliaria incluso ha manifestado a algunos de los inquilinos que "iban a tomar las medidas judiciales" oportunas para que abandonaran las viviendas. En este sentido, el alcalde, José Manuel Tofiño, manifestaba que "cada vez que nos han necesitado -los vecinos de estas viviendas- hemos estado". "Estamos abiertos a lo que haga falta", añadía el alcalde del municipio toledano.

Ángel Luis Rodríguez resalta que han dejado de cobrarles el alquiler de los meses de marzo y abril, a pesar de su intención sus intentos por regularizar esta situación. "Hay vecinos que a los que les han cogido una especie de fianza, como garantía adicional, que ronda los 4.000 euros", explica sobre otra de las situaciones particulares que vive cada inquilino de El Señorío de Illescas que reside en estos inmuebles.

"La Junta nos dijo que, independientemente de que lleguemos a un acuerdo -para renovar los contratos de alquiler-, tienen que visar los contratos -con tal de comprobar que se cumplen las condiciones que se deben mantener para alquilar estas viviendas-. Desde el año 2018 no se están visando estos contratos", agrega Rodríguez, que lamenta que está situación "a algunos les está costando la salud", más con el actual panorama que vivimos debido a la pandemia generada por la COVID-19.

Instan a la Junta a intervenir para encontrar una solución

"Cada vez vemos que hay menos voluntad de intentar solucionar las cosas", indica este vecino de Illescas, que intentó ponerse en contacto con el alcalde en el mes de febrero para que promoviera una reunión con la Junta -sin recibir respuesta- y los propietarios con tal de poder encontrar una solución frente a las condiciones que ofrece la propiedad.

"No admiten negociación, no hay manera de hablar con ellos", recalca Rodríguez sobre las condiciones que les plantea la propietaria para renovar los contratos de alquiler, a los que, aparte de la renta mensual, incluyen unos gastos de comunidad de unos 120 euros al mes para unas viviendas que solo disponen del servicio de limpieza o el mantenimiento de los ascensores.

Así, al alquiler se sumarían unos gastos de comunidad de unos 120 euros en unas viviendas que solo disponen del servicio de limpieza o el mantenimiento de los ascensores, lo que elevaría las rentas hasta los 550 o 600 euros. "Sé que estamos en una situación complicada, que -las administraciones- tienen que legislar y cambiar muchas cosas, pero es una posibilidad real que nos quedemos en la calle".